La influenza aviar es una de las amenazas más graves para productores y comerciantes avícolas de Centroamérica y República Dominicana. Este proyecto ayuda a los siete países de la región SICA a prevenir, detectar y responder con mayor eficacia a los brotes, para que el comercio avícola de la región siga siendo seguro y sostenible. Con un enfoque de “Una Salud”, la FAO trabaja junto con el OIRSA, la SE-CAC y la OMSA para modernizar y armonizar la normativa sobre sanidad avícola a partir de estándares internacionales; fortalecer las capacidades en bioseguridad y vigilancia de productores, extensionistas y técnicos de campo; y ayudar a los servicios veterinarios nacionales a detectar los brotes antes, mediante métodos de diagnóstico actualizados, criterios regionales comunes de vigilancia basada en riesgos y campañas que fomenten la notificación de sospechas. El objetivo es un sistema sanitario avícola más sólido y un comercio avícola más seguro en la región SICA, contribuyendo a los ODS 3 y 8.
La avicultura es un pilar de la seguridad alimentaria, el empleo rural y la competitividad agroalimentaria de la región SICA: su producción y comercio generan ingresos cercanos a 200 millones de dólares estadounidenses al año. En 2022, República Dominicana, Guatemala y Honduras fueron los principales productores de pollo de la región. En 2021, Costa Rica fue el principal exportador y Guatemala el principal importador de productos avícolas.
La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una de las amenazas sanitarias más graves para el sector y afecta por igual a productores, industria y exportadores. Entre octubre de 2022 y junio de 2023 se confirmó la presencia de IAAP en aves silvestres en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, y en aves de traspatio en Costa Rica y Panamá. La migración estacional de aves silvestres aumenta el riesgo de propagación de la enfermedad a las aves de corral de la región.
La región enfrenta tres desafíos principales frente a la IAAP: i) la normativa regional y nacional sobre la enfermedad, la avicultura y el comercio seguro de sus productos está desactualizada y no armonizada; ii) los productores y otros actores de la cadena avícola tienen una capacidad limitada para prevenir, responder y controlar los brotes, especialmente en bioseguridad, vigilancia y notificación temprana; y iii) los servicios veterinarios y otras instituciones nacionales relacionadas tienen una capacidad limitada para el diagnóstico, la vigilancia y la gestión del riesgo de la IAAP. Estas brechas generan riesgos comerciales y posibles cierres de mercados, frenan el comercio intrarregional y dificultan el acceso a mercados exigentes. Ante el aumento de las controversias comerciales vinculadas a requisitos sanitarios, es imprescindible reforzar la gobernanza, la convergencia normativa y la preparación del sector para garantizar un comercio avícola seguro y sostenible.
